VetsUnidos traslada al Congreso 12 propuestas para reformar el ejercicio clínico veterinario
La plataforma VetsUnidos ha trasladado a la Subcomisión de Sanidad del Congreso de los Diputados un documento de posicionamiento en el que reclama una profunda reforma de la normativa que regula la prescripción y el uso de medicamentos veterinarios en España, al considerar que el actual marco legal está generando inseguridad jurídica para los clínicos y dificultades en la atención a los animales.
La organización, que se presenta como "colectivo profesional constituido en representación de los veterinarios clínicos de España" y promotor de las movilizaciones sectoriales de 2025 y 2026, sostiene que el Real Decreto 666/2023 y el sistema PRESVET han contribuido al deterioro del ejercicio profesional veterinario.
Según exponen, sus reivindicaciones "no son políticas, son profesionales, no tienen ideología, tienen base científica y sentido común" y las definen como "una lucha por la salud pública porque, como dice nuestro lema profesional 'Higia pecoris, salus populis', la salud de los animales es la salud del pueblo"
Entre sus principales reivindicaciones figura el reconocimiento explícito de la prevalencia de la "lex artis ad hoc y de la evidencia científica" en la toma de decisiones clínicas, así como la modificación urgente del Real Decreto 666/2023 para incorporar la interpretación más flexible del concepto de "vacío terapéutico" que, según expone el documento, ha comenzado a asumir la Comisión Europea durante 2026.
La plataforma denuncia que la interpretación realizada hasta ahora de la normativa europea "pretendía reducir la labor del veterinario a la de un mero autómata aplicador de prospectos" y sostiene que los artículos 112 y 113 del Reglamento (UE) 2019/6 amparan la adaptación de tratamientos cuando el criterio clínico lo exige.
Por ello, una de sus principales propuestas pasa por garantizar la seguridad jurídica del clínico prescriptor, "reconociendo explícitamente en la normativa nacional la supremacía de la lex artis ad hoc y de la evidencia científica por encima del inmovilismo de las fichas técnicas".
Críticas a PRESVET y al régimen sancionador
VetsUnidos considera que la comunicación obligatoria de tratamientos antibióticos a través de PRESVET supone una carga administrativa excesiva para los veterinarios clínicos. El documento denuncia que el sistema obliga a comunicar múltiples datos asociados a cada prescripción y critica las sanciones previstas por incumplimientos administrativos.
La plataforma reclama la "derogación del sistema PRESVET tal y como está diseñado en este momento" y solicita la eliminación de las sanciones asociadas a errores u omisiones en la notificación cuando no exista un uso inadecuado de los medicamentos. Asimismo, pide reducir tanto el número de datos exigidos como la frecuencia de comunicación, limitándolos a los elementos que, a su juicio, requiere la normativa europea.
Dispensación de medicamentos veterinarios
Otro de los ejes del documento es la petición de reformar el Real Decreto Legislativo 1/2015 para permitir que los veterinarios clínicos puedan proporcionar, fraccionar y facturar los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus pacientes dentro del acto clínico.
En este sentido, defienden que "los veterinarios, como únicos profesionales cualificados en medicina y farmacología animal, verificación de la prescripción y administración del tratamiento a los animales", deben estar autorizados para suministrar directamente los tratamientos a sus pacientes, manteniendo la capacidad de elección del propietario entre adquirirlos en el centro veterinario o en otros establecimientos autorizados.
La plataforma sostiene que el Reglamento (UE) 2019/6 reconoce la legitimidad de la venta al por menor de medicamentos por parte de los veterinarios y reclama la adaptación de la normativa española a este marco comunitario. Entre las medidas planteadas también figura establecer incompatibilidades para que distribuidores o entidades minoristas puedan prestar servicios clínicos veterinarios o ser titulares de centros veterinarios.
IVA veterinario y reconocimiento sanitario
El documento también reclama una reducción del IVA aplicado a los servicios veterinarios, actualmente gravados al 21 % en animales de compañía, y propone equipararlos al resto de servicios sanitarios. Según VetsUnidos, "la salud de los animales y, por ende, la salud pública no puede ponerse en riesgo por el encarecimiento de unos servicios veterinarios".
"Es absolutamente necesario que se apruebe la bajada del IVA veterinario para hacer accesibles los servicios veterinarios como profesión sanitaria a los ciudadanos que conviven con animales o que se dedican a la producción animal", remarcan. Además, advierten de que "la salud de los animales y, por ende, la salud pública no puede ponerse en riesgo por el encarecimiento de unos servicios veterinarios gravados muy por encima de todos los demás servicios sanitarios".
La plataforma también defiende que las clínicas veterinarias sean reconocidas como centros sanitarios e insiste en la necesidad de integrar plenamente a los veterinarios en el Sistema Nacional de Salud y en las especialidades sanitarias compatibles con su formación universitaria.
Petición de cambios legislativos
Entre las doce propuestas remitidas a la Subcomisión figuran también la modificación de la receta veterinaria para ajustarla a los requisitos del Reglamento (UE) 2019/6, la eliminación de la obligatoriedad de la categorización de antibióticos establecida por el RD 666/2023, el refuerzo del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), el apoyo a la actividad veterinaria rural y la inclusión de los veterinarios en el sistema público de salud.
Por todo ello, reclaman una "modificación urgente, como mínimo, del Real Decreto 666/2023" para incorporar la nueva definición flexible de vacío terapéutico acordada por la Comisión Europea y la Federación de Veterinarios de Europa (FVE).
Así, VetsUnidos insiste en la derogación del Real Decreto 666/2023 al considerar que "se opone al espíritu del Reglamento Europeo", limita el criterio clínico de los profesionales y establece un sistema de notificación y control de medicamentos que, según exponen, va más allá de las exigencias comunitarias.