La entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios ha generado, en el caso de los animales de compañía que no estén identificados según la normativa vigente, una situación de incertidumbre sobre la forma correcta de actuar para preservar tanto el bienestar de estos animales como la salud pública.