El Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno, recomienda al Ejecutivo la reforma de la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública como la vía adecuada para dotar a las comunidades autónomas de instrumentos jurídicos suficientes para, en caso necesario, poder limitar derechos y libertades y hacer así frente a situaciones de pandemia, sin necesidad de tener que recurrir a la declaración del estado de alarma