Ceuta y Melilla forman parte plena e indiscutible de España. Su realidad constitucional, jurídica e institucional no admite ambigüedades ni puede ser tratada como una cuestión periférica, secundaria o ajena al conjunto de nuestro país.

La defensa de ambas ciudades exige una implicación constante de las instituciones y de la sociedad civil. Exige proteger a sus ciudadanos, respaldar a quienes garantizan allí la seguridad, la convivencia y el funcionamiento de los servicios públicos, y asegurar que el Estado de Derecho se manifieste con toda su fortaleza precisamente allí donde afronta algunos de sus mayores desafíos.

Desde Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, institución que integra a los Colegios profesionales madrileños, entre ellos el Colegio de veterinarios de Madrid, así como a aquellos nacionales que tienen sede en la capital, expresa su compromiso y solidaridad con Ceuta y Melilla en un manifiesto institucional que compartimos.

Primero. Defensa inequívoca de la españolidad de Ceuta y Melilla.

Ceuta y Melilla son España. Su plena integración constitucional en nuestro orden constitucional no admite dudas ni ambigüedades y obliga a los poderes públicos a garantizar a sus ciudadanos la misma protección, seguridad jurídica, derechos y oportunidades que en cualquier otro lugar del territorio nacional.

La propia Constitución de 1978 contempla expresamente ambas ciudades en su disposición transitoria quinta y sus respectivos Estatutos de Autonomía, aprobados por las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, consolidaron en 1995 su configuración institucional como ciudades autónomas.

Esta realidad encuentra también un reconocimiento inequívoco en el ordenamiento europeo. El artículo 25 del Acta de Adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas establece expresamente la aplicación de los Tratados y de los actos de las instituciones europeas a “las Islas Canarias y a Ceuta y Melilla”

No estamos, por tanto, ante territorios cuya vinculación con España dependa de una consideración geográfica o de una determinada coyuntura política.

Rechazamos cualquier aproximación que presente ambas ciudades como una realidad distante o separada de los intereses generales de España.

Segundo. Solidaridad con sus ciudadanos.

 Expresamos nuestra cercanía a quienes viven en Ceuta y Melilla y reconocemos la singular presión fronteriza, migratoria, asistencial y de seguridad que ambas ciudades soportan.

Los desafíos que afrontan no pueden recaer exclusivamente sobre sus ciudadanos ni sobre sus instituciones locales. Son desafíos que conciernen al conjunto del Estado.

Tercero. Respaldo a quienes sirven al Estado y a la sociedad.

 Manifestamos nuestro reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, a los profesionales sanitarios, a los funcionarios públicos, a quienes integran la Administración de Justicia y a todos los profesionales que desarrollan su labor en Ceuta y Melilla.

El cumplimiento de sus responsabilidades exige medios suficientes, reglas claras y plena seguridad jurídica. Respaldar su actuación legítima no supone rebajar las exigencias del Estado de Derecho; supone garantizar precisamente que puedan ejercer sus funciones dentro de él y con todas sus garantías.

Cuarto. Control efectivo de las fronteras dentro de la ley.

 España tiene el derecho y el deber de proteger y controlar eficazmente sus fronteras. Esta responsabilidad debe ejercerse con plena sujeción al ordenamiento jurídico y con respeto a los derechos fundamentales.

Rechazamos la falsa disyuntiva entre autoridad y garantías. No hay contradicción entre eficacia y legalidad. Un Estado que no logra hacer cumplir sus normas se debilita, pero también se debilita aquel que, para hacerlas cumplir, prescinde de las garantías.

La fortaleza institucional consiste precisamente en ser capaz de proteger las fronteras, hacer efectiva la ley y preservar al mismo tiempo los principios propios de una democracia constitucional.

Quinto. Garantía del derecho de defensa y protección de las personas vulnerables.

 La singularidad fronteriza de Ceuta y Melilla no puede traducirse en una disminución de las garantías jurídicas.