Evidencia científica, inversión y prevención frente al alarmismo: lecciones del brote del MV Hondius

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) lanza un comunicado sobre la situación del hantavirus en el que recuerda la importancia de actuar desde la evidencia científica y reforzar la salud pública

La aparición de un brote epidémico de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, durante la travesía que zarpó de Ushuaia (Argentina) el pasado 1 de abril con unas ciento cincuenta personas a bordo, ha suscitado una intensa atención mediática y una notable preocupación social. Hasta la fecha, ocho pasajeros son sospechosos de haber contraído la enfermedad, de los cuales cinco casos han sido confirmados y tres han resultado mortales. La gravedad de los hechos ha generado inquietud, temor e incluso alarma en una parte importante de la población.

Reacciones que por lo que sabemos no se corresponden con la realidad de la situación puesto que se trata de un episodio que, aunque no muy frecuente no se puede calificar de extraordinario. Según el Ministerio de Sanidad “En 2025 (…) ocho países de la Región de las Américas, principalmente del Cono sur han notificado casos confirmados de síndrome pulmonar por hantavirus con un total de 229 casos y 59 defunciones, lo que corresponde a una tasa de letalidad regional de 25,7%.

La mayoría de los humanos afectados no se contagian por contacto con otra persona y en los pocos casos que el contagio se atribuye a este mecanismo se trata de relaciones estrechas y prolongadas, habitualmente en espacios circunscritos.  El período de incubación se estima que oscila entre una y más de seis semanas, por lo que no ha sido ninguna sorpresa epidemiológica que la azafata de KLM, que se sospechaba se hubiera podido contagiar al coincidir brevemente en un avión con una viajera del Hondius evacuada a Johannesburgo que finalmente falleció, resultara negativa. 

Desmentido que probablemente se produzca también en un par de casos de personas que compartieron el avión de marras con la interfecta por lo que han sido consideradas sospechosas y sometidas a cuarentena, quizás por la inseguridad,  tal vez para curarse en salud y protegerse de eventuales reclamaciones. 

Porque la adopción de medidas indiscriminadas sin una valoración epidemiológica adecuada fomenta alarmas y temores generalizados que a menudo no comportan una protección efectiva, pero que sí pueden ocasionar efectos indeseables.  Las acciones de prevención y control deben ser proporcionales al riesgo real, focalizadas en los contactos estrechos, y en las medidas de vigilancia sanitaria recomendadas por las autoridades competentes. La respuesta adecuada incluye la identificación temprana de síntomas, la confirmación analítica, consulta oportuna, el seguimiento de contactos y el cumplimiento de las indicaciones del equipo de salud. El riesgo cero no existe, pero sí los efectos contraproducentes de un exceso de cautela. 

Llamamos a la población a informarse por canales oficiales, a evitar la difusión de rumores o alarmismos sin fundamento y actuar con responsabilidad. La prevención es esencial, pero debe basarse en las evidencias disponibles y llevarse a cabo lo más serenamente posible, observando equidad, justicia y proporcionalidad. Puesto que garantizar la ausencia total de riesgo, el riesgo cero, es inviable, es preceptivo ponderar los beneficios esperables de las medidas preventivas con los potenciales efectos adversos –directos e indirectos– que pueden provocar. 

Las autoridades sanitarias competentes pueden obligar -según las leyes vigentes, aunque susceptibles de apelación- a adoptar medidas preventivas como la cuarentena de las personas que han estado cerca de los enfermos. Esto implica privarlas de libertad durante el tiempo que se establezca, que dada la oscilación de las estimaciones del período de incubación podría ser bastante prolongado. Sin embargo, cabe tener en cuenta que el riesgo de contagio entre personas es poco considerable y, sobre todo, requiere unas condiciones fácilmente evitables. Parece más pertinente desde el punto de vista sanitario, monitorizar su evolución y si es posible, objetivar si las personas sospechosas han sido realmente infectadas mediante las pruebas de laboratorio pertinentes.

Finalmente, aprovechamos la oportunidad para insistir en la conveniencia de reforzar la salud pública de forma estructural. La inversión en este sector a escala nacional sigue siendo de alrededor de la mitad de la zona euro y está en niveles inferiores a 2020. El espejismo del aumento de gasto en salud pública entre el 20 y 23 se ha debido al gasto en vacunas pero la inversión se tiene que destinar a recursos de personal y de instalaciones, empezando por la agencia estatal de salud pública (AESP) que debe asumir ser la referencia técnica y de coordinación entre administraciones de salud pública, autonómica, estatal e internacional.