La lucha contra la normativa de medicamentos, entre los grandes retos del sector veterinario para el 2026
La entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, que desarrolla en España el Reglamento (UE) 2019/6 sobre medicamentos veterinarios, ha marcado un antes y un después en el ejercicio de la profesión veterinaria. Lo que para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) supone un avance hacia un uso más responsable y trazable de los medicamentos, especialmente de los antibióticos, para buena parte del sector se ha traducido en un escenario de tensión, inseguridad y conflicto diario en la práctica clínica. La normativa, concebida bajo el paraguas del enfoque One Health, ha terminado convirtiéndose en uno de los principales focos de malestar profesional en los últimos dos años.
Desde el ministerio, la defensa del nuevo marco normativo se apoya en la necesidad de reforzar el control sobre el uso de los fármacos veterinarios y combatir la resistencia antimicrobiana, considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las mayores amenazas sanitarias globales. En este contexto, el MAPA ha publicado recientemente un documento de preguntas y respuestas para aclarar la aplicación práctica de la norma, con el objetivo declarado de ofrecer “seguridad jurídica y operativa” a veterinarios, distribuidores y establecimientos autorizados. El texto desgrana con detalle los requisitos de distribución, prescripción y dispensación de medicamentos, así como las obligaciones de trazabilidad y comunicación a sistemas como PRESVET.
La guía ministerial incide en que los veterinarios no pueden vender medicamentos, aunque sí cederlos sin ánimo de lucro cuando esté en riesgo la continuidad del tratamiento, siempre que quede debidamente justificado en la ficha clínica del animal. También aclara el funcionamiento del botiquín veterinario, que permite disponer de medicamentos —incluso estupefacientes— bajo estrictos requisitos de conservación y documentación durante al menos cinco años. En materia de prescripción, la normativa establece plazos de validez diferenciados, limita de forma muy estricta el uso de antimicrobianos y obliga a priorizar los antibióticos de menor riesgo según la clasificación de la Agencia Europea del Medicamento, además de comunicar todas las prescripciones a PRESVET en un plazo máximo de quince días hábiles.
Sin embargo, esta interpretación técnica y garantista choca frontalmente con la percepción mayoritaria del sector veterinario. La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha alzado la voz de forma reiterada contra una normativa que considera desproporcionada y alejada de la realidad del ejercicio clínico. Bajo el lema “Por una normativa justa del medicamento veterinario”, la institución ha lanzado este 2025 una campaña para reclamar una regulación más equilibrada que permita a los profesionales ejercer con eficacia su labor sanitaria sin trabas innecesarias. La OCV denuncia que, pese a estar capacitados para realizar procedimientos complejos, los veterinarios se encuentran con severas limitaciones legales a la hora de medicar a los animales que atienden, una situación que contrasta con lo que ocurre en la mayoría de países europeos.
El Real Decreto 666/2023 ha transformado procesos clínicos habituales en trámites burocráticos largos y poco eficientes, con un impacto directo en la atención a los animales
Según la organización colegial, el Real Decreto 666/2023 ha transformado procesos clínicos habituales en trámites burocráticos largos y poco eficientes, con un impacto directo en la atención a los animales. Las restricciones en la dispensación, la obligación de ceñirse estrictamente a los prospectos y la llamada “cascada de prescripción” dificultan la toma de decisiones clínicas rápidas, especialmente en situaciones urgentes. Para los veterinarios, el resultado es un sistema que prioriza el cumplimiento administrativo frente al criterio profesional, con consecuencias tanto para el bienestar animal como para la relación con los tutores.
Este malestar se ha materializado en movilizaciones masivas a lo largo de 2025 en buena parte del territorio nacional. Concentraciones y marchas en ciudades como Barcelona, Madrid, así como en las respectivas capitales de provincia, han reunido a miles de veterinarios, auxiliares y propietarios de animales. Las protestas han llegado incluso al Congreso de los Diputados, donde la norma ha sido objeto de debate político, preguntas parlamentarias y proposiciones no de ley. Entre las principales reclamaciones del sector destacan la excesiva carga burocrática de PRESVET, las dificultades para dispensar determinados medicamentos y la inseguridad jurídica derivada de un régimen sancionador que consideran desproporcionado.
Aunque el Gobierno ha introducido algunas modificaciones recientes —como la flexibilización de ciertos aspectos operativos, la redefinición del concepto de dispensación o la incorporación de un anexo con medicamentos que podrán dispensarse de forma excepcional—, los veterinarios consideran que estos cambios son insuficientes.
UNA NORMATIVA CON GRAN IMPACTO EN LA SALUD MENTAL
Más allá del plano normativo y reivindicativo, uno de los efectos más preocupantes del Real Decreto 666/2023 es su impacto en la salud mental del colectivo veterinario. Asociaciones como VetsUnidos alertan de que la aplicación del decreto ha generado un clima de estrés constante, marcado por el miedo a las sanciones, el aumento de la burocracia y el conflicto entre lo legal y lo deontológico. Muchos profesionales aseguran sentirse atrapados entre su obligación ética de atender correctamente a los animales y el riesgo de incurrir en infracciones administrativas graves por errores formales o retrasos en la notificación de prescripciones.
Los datos respaldan esta preocupación. Según el estudio ‘Proyecto Calidad de Vida’, casi la mitad de los veterinarios presenta síntomas compatibles con ansiedad, uno de cada cinco muestra indicios de depresión y cerca del 50% valora su salud mental como mala o regular. A esta presión se suma el conflicto con los tutores de los animales, ya que el encarecimiento de los tratamientos y las demoras derivadas de la normativa recaen directamente sobre un servicio veterinario privado, generando tensiones que incrementan la carga emocional del profesional.
El sector advierte de que esta situación no solo afecta a los veterinarios, sino que tiene repercusiones directas en la salud pública. La profesión recuerda su papel clave en la prevención de zoonosis y en la protección de la salud animal y humana dentro del enfoque One Health. Por ello, insisten en la necesidad de un diálogo real con la administración que permita revisar el Real Decreto 666/2023 y construir una normativa que garantice el uso responsable de los medicamentos sin poner en riesgo la calidad asistencial ni el bienestar psicológico de quienes sostienen la sanidad animal en España.
Fuente: Consalud.es/animalcare