Veterinarios de animales de producción denuncian la situación "dramática" que viven a raíz del RD 666/2023
Las asociaciones de veterinarios de animales de producción —Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino (Anavepor), Asociación Nacional de Veterinarios Especialistas en Medicina Bovina de España (Anembe), Asociación de Veterinarios Especializados en Avicultura (AVECU) y Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC)— han emitido un comunicado conjunto en el que exponen “la dramática situación que nuestros asociados viven en la actualidad” debido a la aplicación de la normativa vigente sobre medicamentos veterinarios y la "falta de diálogo efectivo por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)".
Según explican, la obligatoriedad de comunicar las prescripciones de antibióticos a animales productores de alimentos al sistema PRESVET desde 2016, en virtud del Real Decreto 161/2018, generó “numerosos problemas que poco a poco fueron superados no sin muchos sobresaltos para los veterinarios prescriptores”. A partir de los datos recogidos en ese sistema, se creó un registro de consumo de antibióticos en las granjas regulado por el RD 662/2022, que “establece consumos máximos por especie y tipo de granja partiendo de datos erróneos pues los datos de PRESVET no recogen datos de antibióticos consumidos sino prescritos”.
"Estas limitaciones han provocado el incremento de la mortalidad en todas las especies perdiéndose por el camino el objetivo de preservar la salud y el bienestar animal”, aseguran. Además, exponen que los máximos de consumo “se modifican anualmente atendiendo a un criterio en el que la voz de nuestras asociaciones nunca ha sido escuchada”. En su opinión, “a cualquier observador imparcial le parecería prudente que la modificación de estos límites se realizase después de escuchar la opinión de los veterinarios que realizan la prescripción de los antibióticos”.
Una situación agravada con la entrada en vigor del RD 666/2023
Los representantes veterinarios aseguran que los problemas se agravaron con la entrada en vigor del RD 666/2023, una adaptación del Reglamento europeo 6/2016, “que endurece las medidas establecidas a nivel europeo y nos aleja en materia de prescripción del resto de países de la UE”. Según denuncian, “esto afecta al ejercicio de los veterinarios y a todos aquellos que se benefician de ese servicio, desde los productores que ven como sus animales enferman y mueren en mayor proporción que lo hacían anteriormente, al bienestar animal, a todos los consumidores que ven como sus alimentos se encarecen y a toda la sociedad al poner en riesgo la salud pública”.
En este sentido, recuerdan que “durante el periodo de exposición pública se presentaron numerosas alegaciones por las asociaciones Anavepor y AVECU y veterinarios asociados a las mismas y desgraciadamente ninguna de ellas fue atendida”. Por estas razones, explican, se unieron al Comité de Crisis Veterinario “y nos oponemos a la normativa actualmente establecida”. Subrayan además que “esta es la primera vez que los veterinarios hemos salido a expresar nuestro malestar y se ha hecho con numerosas movilizaciones”.
A raíz de estas protestas, se promovieron iniciativas parlamentarias que establecieron la obligación de abrir un diálogo entre los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad con el sector veterinario, con el objetivo de revisar la normativa vigente en un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la Ley 7/2025. En cumplimiento de esta disposición, el MAPA convocó a Anavepor, Anembe, AVECU y SEOC a una reunión el 10 de octubre. Sin embargo, “a esta convocatoria no acudió ninguna de las asociaciones, pues no se tuvo constancia de ella”.
Esta circunstancia la comunicaron al ministerio el 15 de octubre, junto con la petición de incluir en las conversaciones a la Asociación Española de Ciencia Avícola (AECA-WPSA) y a la Federación Española de Agrupaciones de Defensa Sanitaria de Acuicultura (FEADSA)–Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar). Posteriormente, el MAPA convocó una nueva reunión para el 24 de octubre, pero “una vez examinado el documento por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación este consideró que la posición de las asociaciones estaba clara y por lo tanto no hacía falta entablar ningún diálogo desconvocándose dicha reunión”.
Ante esta decisión, las asociaciones afirman que “la función de la ronda de conversaciones no pretende de ningún modo cumplir con el mandato de entablar un diálogo que fomente la evaluación y eventual cambio de la normativa presente”. Critican que se les invita únicamente “a discutir de temas referentes a los porcentajes de envase utilizados y los plazos de envío en la comunicación de las prescripciones veterinarias a PRESVET”, cuestiones que consideran menores “si lo comparamos con los problemas que realmente nos afectan como es la interpretación de los artículos 106, 112-114 que limitan nuestra capacidad de elección de los medicamentos adecuados”.
Por último, las asociaciones declaran que su objetivo es “explicar el interés y disponibilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de cumplir con sus obligaciones conforme a la disposición final cuarta recogida en la Ley 7/2025, que a nuestro juicio nos parece insuficiente”. Finalmente, reiteran “nuestra voluntad de establecer un diálogo constructivo y quedamos a la espera de una próxima convocatoria” en la que se incluyan también a AECA-WPSA y Feadsa–Apromar.