La presión normativa aumenta el desgaste de los veterinarios: “La clínica es cada vez más exigente”
La salud mental y el bienestar emocional de los veterinarios españoles está cada vez más afectada debido a las condiciones laborales que enfrentan. En los últimos meses, una de las grandes preocupaciones está siendo la puesta en marcha del Real Decreto 666/2023, que ahoga a los profesionales y limita su criterio clínico. A esto se suman las horas en la clínica veterinaria, la falta de relevo en labores de producción o el escaso reconocimiento de los profesionales como esenciales en salud pública.
Según el estudio ‘Proyecto Calidad de Vida’, publicado en 2023 por la Asociación de Veterinarios Españoles de Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA) en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), el 49% de los profesionales presentaba síntomas sugestivos de ansiedad y un 20% mostró indicios de depresión. Además, el 47% valoró su salud mental como "mala o regular", y un 38% lo hizo en relación con su salud física. Estos datos evidencian el profundo malestar que arrastra una profesión marcada por la “fatiga por compasión”, derivada de la constante exposición al sufrimiento animal, el duelo, la muerte y, en muchos casos, el trato irresponsable hacia los animales.
La precariedad económica, la presión emocional, la cultura del sacrificio vocacional y los dilemas éticos constantes conforman un cóctel que está haciendo mella en los profesionales. A esta realidad se suma ahora un nuevo factor de desmotivación: el Real Decreto 666/2023 sobre medicamentos veterinarios. Una normativa que ha provocado un rechazo sin precedentes en el sector.
“El RD 666/2023 ha conseguido algo insólito: unir a toda la profesión veterinaria en su contra, lo que da cuenta del enorme impacto que está teniendo”, afirma Manuel Lázaro, veterinario clínico y miembro de la junta del Colegio de Veterinarios de Madrid en una entrevista para AnimalCare. Entre las principales quejas del sector destacan la elevada carga burocrática, el riesgo de sanciones económicas y la obligación de aplicar fichas técnicas que muchos consideran desfasadas. “No respetan la evolución científica ni el criterio clínico actual”, denuncia Lázaro.