Òscar Tera Faba, abogado del Colegio de la Abogacía de Reus, ha publicado un artículo en el blog del Consejo General de la Abogacía Española titulado ‘Veterinarios en pie de guerra: el impacto del Real Decreto 666/2023’, en el que analiza esta norma, las críticas que ha levantado por parte del colectivo profesional y la posición del Gobierno al respecto.

“Como juristas que somos, entiendo que no es necesario hacer un artículo en el que se haga un simple resumen del articulado de una determinada norma, sino que el objetivo principal es hacer reflexionar a cada uno de los lectores sobre si el Real Decreto del que hablaremos respeta o vulnera el equilibrio existente entre la responsabilidad veterinaria y el bienestar animal”, comienza el jurista en su artículo.

En este sentido, aclara que hace referencia al Real Decreto 666/2023 de 18 de julio, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.

Tera señala que el Real Decreto fue publicado en el BOE el 20 de julio de 2023 y entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que ya hace casi dos años de ello. “Pero lo que sí es reciente y está creando gran controversia en la actualidad es el contenido de la Disposición Final Quinta, según la cual el contenido del artículo 39.1 del Real Decreto es de aplicación desde el pasado 2 de enero de 2025”, apunta.

“El controvertido artículo regula la comunicación de los datos de prescripciones veterinarias de antimicrobianos para animales de compañía a través de la herramienta central Presvet, que está recibiendo numerosas críticas por parte de los profesionales de la veterinaria”, explica el abogado.

SOBRECARGA BUROCRÁTICA, RIESGOS PARA LA SALUD ANIMAL Y SANCIONES DESPROPORCIONADAS

A este respecto, según Tera, las principales críticas que está recibiendo el Real Decreto y, en concreto, el contenido del artículo 39.1 se podrían resumir en sobrecarga burocrática que obstaculiza la labor de los veterinarios y retrasa la aplicación de tratamientos cruciales; y riesgos para la salud animal. “Y es que, relacionado con la crítica anterior, ya se han dado casos de muertes de animales por retraso en la aplicación de antibióticos”, asegura.

“Sólo por poner un ejemplo, a mediados del mes de febrero, se ocasionó la muerte de una perra de 9 años en Galicia. La mascota, de la raza Jack Russell, falleció por una sepsis después de no recibir a tiempo el tratamiento antibiótico adecuado. Samuel Fernández, gerente del grupo veterinario Adrisa, explicó que la normativa impidió administrarle a la perra un antibiótico más potente sin un cultivo previo. Cuando llegaron los resultados del laboratorio, ya era demasiado tarde”, indica el abogado.

Otra de las principales críticas a la norma que destaca el abogado son las sanciones “desproporcionadas” de Presvet. “También ha sido objeto de diversas críticas la obligatoriedad de notificar ‘todo’ a través de esta herramienta central, exponiéndose los profesionales a multas completamente desproporcionadas, incluso por errores menores”, recuerda.

Por otro lado, Tera señala también que las críticas se enfocan en el aspecto de la “desigualdad fiscal y falta de consenso”. “Por un lado, se critica que, mientras la sanidad humana tiene un IVA 0%, la veterinaria carga con el 21% (salvo en Canarias), además de haber implantado el Real Decreto sin diálogo ni consenso de partidos como PACMA o colegios profesionales”, remarca.

LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO EN DEFENSA DE LA NORMATIVA

“Por el contrario, todas estas críticas han sido defendidas con firmeza por el Gobierno alegando que el Real Decreto mantiene el criterio clínico de los veterinarios y responde a una prioridad sanitaria global: la lucha contra la resistencia antimicrobiana”, explica.

Respecto a los principales argumentos vertidos por el Gobierno, Tera los resume, apuntando a la lucha contra la resistencia antimicrobiana como uno de los principales. En este sentido, pone en valor que desde el Ejecutivo destacan que las decisiones sobre el RD se alinean con la estrategia internacional ‘One Health’ (salud humana, animal y ambiental interconectadas). “Según el Gobierno, la resistencia a antibióticos causa millones de muertes anuales y no se pueden relajar los controles”, asegura.

Asimismo, apunta que desde el Gobierno esgrimen que con el Real Decreto no se limita el criterio profesional. “En respuesta parlamentaria oficial, el Ministerio y el ministro Planas sostienen que los veterinarios cuentan con un ‘amplio catálogo’ de fármacos confiables, y que la norma incluye márgenes de maniobra para su uso, como los procedimientos de escalada progresiva y la consideración de antibiogramas anteriores”, afirma el abogado.

También, el abogado pone sobre la mesa el argumento del Gobierno sobre la consulta pública y armonización europea. Al respecto, Tera destaca que “defienden haber sometido el RD a consulta pública —aunque no se recibieron alegaciones específicas sobre Presvet— y justifican la regulación como adecuada transposición del Reglamento (UE) 2019/6, con intentos de equiparar fichas técnicas y disponibilidad de medicamentos a nivel europeo”.

Por último, señala la postura del Gobierno sobre una evaluación continua y posibles ajustes a la norma. “Aclaran que se revisa periódicamente su aplicación, y aunque de momento no se consideran necesarias modificaciones, no descartan actualizaciones futuras según la evolución del entorno”, indica el jurista.

“RECTIFICAR NO SERÍA UN RETROCESO, SINO UNA MUESTRA DE SENSATEZ Y VOLUNTAD DE DIÁLOGO”

A modo de conclusión, y desde su punto de vista, Tera considera que “el Real Decreto 666/2023 nace con un propósito incuestionable: frenar el avance de la resistencia antimicrobiana, una amenaza real para la salud global”.

“Sin embargo, su aplicación al ámbito veterinario, especialmente en la medicina de pequeños animales, ha resultado excesiva y mal ajustada a la realidad clínica”, apunta el abogado.

Asimismo, señala que “el decreto impone cargas burocráticas desproporcionadas, limita la capacidad profesional sin fundamentos científicos sólidos y genera un clima de inseguridad jurídica que afecta tanto a profesionales como a propietarios de animales”.

“Lejos de fomentar un uso más responsable de los medicamentos, lo que ha provocado es una fractura entre la administración y el sector veterinario. Rectificar no sería un retroceso, sino una muestra de sensatez y voluntad de diálogo”, concluye Tera.

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