Los veterinarios buscan 500.000 firmas para cambiar la normativa de medicamentos
La asamblea general de presidentes de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) celebrada ayer en Madrid, que aprobó por una amplia mayoría la liquidación del presupuesto de 2024, valoró la actual situación derivada de la aplicación del Real Decreto 666/2023 y fue informada sobre el propósito de promover una iniciativa legislativa popular (ILP), que exige presentar 500.000 firmas ante el Congreso de los Diputados para modificar la citada normativa.
Para hacer realidad esta intención, la OCV cuenta con el asesoramiento de un bufete de abogados especializado en la materia, que ya está dando los primeros pasos al respecto. El procedimiento de recogida de rúbricas con este fin concreto está muy definido para tener plena validez legal, ya que debe presentarse ante la Mesa del Congreso, y podrá estar habilitado en el mes de septiembre.
De esta manera, como señaló el presidente de la Organización, Luis Alberto Calvo, se pretende canalizar el apoyo a la profesión mostrado por los tutores de animales de compañía, “que son conscientes de los riesgos que supone para la atención correcta de sus animales la nueva normativa, que limita nuestra actuación clínica y margina nuestro criterio facultativo”.
En este sentido, dado que en España hay más de 9 millones de perros y unos 5,8 millones de gatos, se considera factible llegar a esa cifra de firmas, en una recogida en la que las clínicas veterinarias desempeñarían una labor esencial. Al respecto, se recordó que recientemente el Colegio de Las Palmas obtuvo en apenas unos días 21.000 apoyos a través de una plataforma digital.
Consultoría de asuntos públicos
Calvo, que también se refirió al contrato suscrito con una consultora de asuntos públicos para plantear una estrategia respecto al citado RD y otras cuestiones que afectan a la práctica clínica, como la dificultad de completar tratamientos y el elevado tipo de IVA, cedió la palabra al vicepresidente, Gonzalo Moreno, quien efectuó un repaso de las gestiones llevadas a cabo con los ministerios de Agricultura y de Sanidad, AEMPS y grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox, Sumar...).