Las empresas interesadas en exportar alimentos de origen animal o que contengan productos de origen animal a terceros países que exigen requisitos adicionales a los aplicables para los intercambios dentro de la UE, deberán implantar un sistema de autocontroles específicos (SAE) que garantice el cumplimiento de estos requisitos adicionales
Un análisis llevado a cabo por la Universidad de Cambridge ha encontrado muestras de carne de cerdo producida y comercializada en Reino Unido que han dado positivo en los análisis a la presencia de MRSA, conocido como Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM, en castellano)
Entre enero y abril de 2015 las industrias cárnicas españolas han exportado más de 700.000 toneladas de carne y productos cárnicos por un valor estimado en 1.643,4 millones de euros, cantidad que supera en un 13,8% a la registrada entre enero y abril de 2014
El Consejo ha aceptado las recomendaciones hechas por el Parlamento Europeo para acelerar los procesos para poner a la venta este tipo de alimentos novedosos sin olvidar la máxima protección para el consumidor
“La información alimentaria y el consumidor, retos y oportunidades” que tendrá lugar del 6 al 8 de julio, es el título del curso que este año, al igual que en años anteriores, organiza la AECOSAN dentro de los Cursos de Verano de la Fundación General de la Universidad Complutense en el Escorial, cuya inauguración tuvo lugar el pasado día 16 de abril
Recoge importantes aspectos para la regulación de la primera venta como son los lugares de desembarque y descarga, y los requisitos que deben reunir las lonjas y otros establecimientos autorizados, estableciendo las modalidades de venta en función del tipo de producto, así como la documentación relativa que se debe emitir en cada caso
Está técnica de diagnóstico se utiliza habitualmente en algunos países, de modo oficial, para valorar la calidad de la carne in vivo, y así obtener registros que son obligatorios en subastas y otros eventos
Entre las infracciones destacan el incumplimiento de los plazos de pago, que ha supuesto el 40% del total, seguida de la falta de remisión a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) de la documentación solicitada (19%) y la ausencia de contratos (15%)