Felipe Vilas, presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid, junto al presidente del Consejo General de Veterinarios, Juan José Badiola, y el presidente de la Conferencia de Decanos de Veterinaria, Pedro L. Lorenzo, han desarrollado una intensa labor institucional en diversas reuniones mantenidas en los últimos meses con el Consejero de Educación, Rafael Van Grieken, en la que le transmitieron la inconveniencia de aceptar nuevos proyectos de creación de Facultades de Veterinaria, que provocaría un grave perjuicio a la profesión y contribuiría a aumentar la precariedad laboral ya existente entre los veterinarios. Cada año se gradúan en nuestro país unos 1.200 estudiantes de veterinaria, mientras se generan, aproximadamente, unos 600 puestos de trabajo, un desajuste que limita de forma significativa las expectativas de estudiantes y futuros licenciados,
También se remitió un escrito a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que se mostró receptiva ante estas reivindicaciones. A su vez, las gestiones realizadas con las instituciones europeas implicadas en la acreditación de las facultades, la Asociación Europea de Establecimientos de Enseñanza Veterinaria (EAEVE), el Consejo Europeo de Especialización Veterinaria (EBVS) y la Federación Veterinaria Europea (FVE), han provocado que éstas remitan una carta al Consejero de Educación. En ella describen que, a partir de los datos del Estudio 2015 sobre la Demografía de la Profesión Veterinaria en Europa, se sabe que España tiene ya un elevado número de licenciados en veterinaria de los que más del 50% son menores de 40 años, por lo que aumentar el ya elevado número de graduados jóvenes que acceden al mercado laboral, causará un efecto muy negativo en la perspectivas de todos los veterinarios.
Por otro lado, de los 26 países incluidos en dicho estudio, España tiene el porcentaje más alto de veterinarios desempleados y su salario está muy por debajo de la media salarial de los veterinarios de todo el resto de países estudiados. Los responsables europeos de la formación veterinaria, destacan además el hecho de que, la apertura de una nueva facultad en concordancia con las Directivas Europeas de calidad, requiere enormes inversiones económicas que no estarían justificadas, dada la situación existente en España.
La veterinaria es una profesión que en nuestro país ha conseguido un nivel de excelencia en muchas áreas, además de la clínica de animales de compañía, como son la seguridad alimentaria, la salud pública, el control de zoonosis o las producciones ganaderas y el incremento del número de facultades, bajaría el nivel docente, comprometería la calidad de los servicios profesionales, saturaría el mercado laboral y dispararía el déficit económico de las universidades.
Todas estas reacciones refuerzan la postura de limitar el número de licenciados para mejorar las expectativas y evolución de la profesión y, a su vez, promueven que la Agencia Nacional de Evaluación elabore unos estándares de calidad más rigurosos a la hora de acreditar centros de enseñanza veterinaria.
