En los últimos 15 años han muerto al menos 20.000 rapaces por culpa de los cebos envenenados diseminados por toda España.
El uso de esta técnica es la mayor causa de mortalidad para el menos cinco de las especies más amenazadas de la fauna española. Aves rapaces como águilas imperiales, quebrantahuesos, buitres negros, alimoches y milanos reales son las más afectadas.
De hecho, según ha expresado Miguel Ángel Valladares, director de comunicación de WWF/Adena, "si las Comunidades Autónomas no ponen remedio, el alimoche podría extinguirse en 20 años".
Un informe de esta organización dedicada a la conservación de la naturaleza indica que este método ilegal no se ha reducido en los últimos años, aumentando el riesgo de extinción de estos animales.
Estos cebos son trampas de fabricación casera que consisten en despojos de carne a los que se le añade veneno, generalmente pesticidas agrícolas de alta toxicidad y cada vez más fáciles de conseguir.
Esta práctica se utiliza en España desde hace más de un siglo en la caza y, en menor medida, en la ganadería. En lo que respecta a las actividades cinegéticas, se usa para eliminar especies de predadores que pudieran constituir una competencia para el cazador al alimentarse ejemplares de caza menor -perdices y conejos sobre todo-.
En ganadería, el veneno se utiliza para la protección de las reses frente a grandes depredadores como el lobo. Asimismo, se utiliza en la agricultura para la protección de ciertos cultivos y huertas.
Según el informe de WWF/Adena, Andalucía, seguida de Castilla-León, Castilla-La Mancha y Aragón son las comunidades en las que más casos de envenenamiento se han recogido. Para Luis Suárez, responsable de Especies de WWF/Adena, es alarmante que las tres comunidades de mayor extensión lideren la lista de mayor mortalidad de estas aves.
Algunas comunidades han tomado medidas eficaces, como la creación de patrullas caninas especializadas en la detección de estos cebos o el cierre de cotos en algunas provincias. Pero para WWF/Adena no es suficiente.
Lo que más le preocupa el secretario general de la organización, Juan Carlos del Olmo, es el clima de impunidad en el uso del veneno en España para los que colocan los tóxicos. "La escasez de sanciones es asombrosa", ha dicho.
El Ministerio de Medio Ambiente cedió la competencia en este asunto a las Comunidades Autónomas. Por eso, del Olmo ha pedido a las comunidades que aprueben planes de lucha contra el veneno. Para ello "deben utilizar la vía administrativa y no sólo la penal".
